“Ha llegado el momento de reformar la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dado el retroceso que se está produciendo en la defensa de los derechos y libertades de los usuarios de este servicio público”, manifiesta a lo largo de esta entrevista Luis Nieto, Presidente de la Comisión de Asistencía Jurídica Gratuita del CGAE. Aunque el modelo de justicia gratuita que España se dotó con la ley de 1996 que funciona «perfectamente» y es «referencia en el mundo», hay que adaptarla a los cambios que se han producido en los últimos años. Nieto lamentó que en España se ha llegado a una situación en la que los ciudadanos reciben «distinto trato» en función de la comunidad en la que residen y, en concreto, apuntó a las comunidades de Valencia y Madrid como aquellas en las que la situación reviste mayor «preocupación». En su opinión, el hecho de que haya comunidades que congelen los presupuestos destinados a este servicio, a pesar de que el número de solicitudes está aumentando entre un 20 y 30%, supone un recorte de derechos, ya que «si no hay presupuesto será imposible atender las demandas de los ciudadanos sin recursos».
Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro es abogado en ejercicio, licenciado por la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, desde hace 20 años (junio 1990) y Abogado de Oficio desde entonces hasta la actualidad.
Cinco años Diputado del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca (1995-1999, ambos inclusive) y otros 5 años Secretario de la misma (2000 a 2004, ambos también inclusive)
Decano de dicho Colegio de Abogados desde el 30 de enero de 2009 y Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE (Consejo de la Abogacía Española) desde el pasado 26 de febrero del 2010
¿Podría explicarnos cuál es la situación actual de la justicia gratuita en nuestro país? ¿Por qué es tan heterogénea y cómo es posible que haya ciudadanos que reciben distinto trato en función de la comunidad autónoma en la que residen o a la que llegan?
La situación actual está, sin duda, marcada por la crisis económica que ha generado un notable incremento del número de solicitudes, derivadas tanto de un mayor número de reclamaciones como de ciudadanos que han pasado a encontrarse en lo límites económicos que les habilita para poder ser beneficiarios de justicia gratuita.
En cuanto a ese carácter heterogéneo, hemos de partir de que la Ley tiene alcance estatal y que la implantación de los Colegios de Abogados en todo el territorio garantiza una homogeneidad en las cuestiones más básicas y esenciales; dicho lo cual, ciertamente se observa esa situación si bien no ya sólo entre diferentes CCAA, en virtud, por otra parte, del ejercicio legítimo de sus competencias, sino incluso entre provincias de una misma Comunidad como consecuencia de los diferentes criterios que cada Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mantiene a la hora de resolver, en cada caso concreto, sobre el reconocimiento o no del derecho.